Una resolución de un juez de impugnación dejó en duda si los cuerpos de vigías municipales pueden realizar aprehensiones. En una audiencia que se realizó ayer, el fiscal Diego López Ávila fracasó en su intento de lograr revertir lo que ya se conoce como el “Fallo Moeykens”. Pese a este revés judicial, el funcionario adelantó que recurrirá a la Corte Suprema de Justicia.
La discusión se inició por un caso que se conoció en toda la provincia al haberse viralizado un video del hecho que ocurrió en Yerba Buena hace casi un mes. Un adolescente y un mayor de edad fueron acusados de ingresar a un domicilio y sustraer una bicicleta. Los sospechosos fueron aprehendidos el miércoles por personal de la Guardia Urbana Municipal (GUM) y luego entregados a los policías, que cerraron el procedimiento.
El auxiliar fiscal Gerónimo Cano, cuando se realizó la audiencia correspondiente, explicó que el adolescente había sido detenido en la puerta del shopping del Solar y su acompañante en un barrio de Villa Carmela, por lo que pidió que se convalidara la detención. La defensora oficial, Laura Fernández, con el apoyo de la defensora de la Niñez, Alejandra Rivas, se opusieron porque consideraban que era ilegal ya que los miembros de la GUM no tienen facultades para hacer arrestos. El planteo fue aceptado por el juez Federico Moeykens.
“Una crónica anunciada”
“El juez, antes de escuchar a las partes, comienza a interrogar si los miembros de la GUM estaba en el momento de la detención acompañados por personal policial. Fue una manera de anticipar una posición tomada”, señaló el representante del Ministerio Público Fiscal.
El funcionario judicial señaló además que el fallo de Moeykens “era una crónica anunciada”, porque ya había tomado una decisión antes de que las partes expusieran sus argumentos. “Pasó por alto que los miembros de la GUM y de los vigías que existen en casi toda la provincia, como nos enteramos la mayoría de los tucumanos en una producción periodística de LA GACETA, son funcionarios públicos. En este caso en particular, a los de Yerba Buena, a través de una ordenanza, se les estableció cuáles deben ser sus funciones. Entre otras, ellas son brindar seguridad a través de la prevención y ser auxiliares de la Policía para la protección de bienes y vida de los habitantes de ese municipios”.
“Su señoría, no estamos hablando de guardias civiles que salen a la caza de personas, de grupos que buscan detener a individuos en la calle. En este caso hubo circunstancias por las que la aprehensión de los sospechosos estuvo bien justificada. Una interpretación sumamente extrema que impide la aprehensión en flagrancia o en peligro de demora como ocurrió en este caso. Esto es un llamado a la impunidad para que los sospechosos o autores de los delitos se fuguen si es que se sigue manteniendo esta interpretación de sus derechos”, agregó López Ávila, que solicitó que se impugnara el fallo, que se vuelva a discutir la situación procesal de los imputados y que se impida al magistrado en esta causa.
La defensa
El defensor, Julio Daniel Plaza, se opuso terminantemente a los planteos realizados por el representante del MPF. “No sólo podemos hablar de personal civil. Se trata de personas que indebidamente usan ropas militares y que están completamente alejados a toda legalidad”, sostuvo el abogado. “La creación de esta especie de Policía Municipal no cumple con todos los recaudos que se establecieron en la ley 9.141”, añadió.
La norma en cuestión fue propuesta por el Poder Ejecutivo en diciembre de 2018 y rápidamente sancionada por la Legislatura, pero aún no está en vigencia porque no se reglamentó. “La creación de estos cuerpos, según esa norma, deben estar adecuadas a ciertas cuestiones. Por ejemplo, debe haber un convenio entre el municipio y le ministerio de Seguridad, los vigías deben ser entrenados por los policías y el titular del cuerpo tiene que ser nombrado en común acuerdo”, destacó.
“Como no se reglamentó, hay muchas cuestiones que no deben ser ignoradas. Estas personas vestidas de policías no pueden ejercer la función de policía y, mucho menos, ser auxiliares de la fuerza o de la Justicia”, explicó. “Se puede caer en un grupo parapolicial que de un minuto a otro decide si debe ser detenido o no”, advirtió Plaza.
El defensor oficial luego agregó: “distinto hubiera sido en este caso que hayan avisado a la Policía para que hicieran su trabajo, ubicaran su domicilio, pidieran una orden de allanamiento y una posible detención con la autorización de un juez competente. Pero eso no ocurrió en este caso, por eso solicito que se rechacen todas las pretensiones del MPF”.
El fallo
El juez de impugnación Eudoro Albo escuchó pacientemente los planteos de todas las partes, incluida la de la defensora oficial de Niños, Niñas y Adolescentes Alejandra Rivas que adhirió al planteo de Plaza y que no aportó nada al debate. “Los dejé que se explayaran porque es un tema importante que tiene numerosas aristas, sin embargo entiendo que los planteos realizados por el fiscal no pusieron en peligro el proceso del hecho que se investiga. Por lo tanto, he decidido rechazarlos”, falló el magistrado.
En otras palabras, pese al candente debate, el juez no resolvió la cuestión de fondo de lo que se discutió en el debate que en definitiva era si los vigías municipales podían realizar aprehensiones o no. López Ávila está dispuesto a llegar hasta la Corte Suprema de Justicia de la provincia para que el tema sea analizado. Mientras tanto, en un categórico off, funcionarios del área de Seguridad de diferentes municipalidades señalaron que continuarán trabajando como lo vienen haciendo y, si fuera necesario, adjudicarán las aprehensiones a los efectivos policiales para que no haya problemas legales.
Otra fuerza
Los cuerpos de vigías o guardias urbanos crecieron de la mano del incremento de los índices de seguridad. De los 19 municipios de nuestra provincia, 15 decidieron crear estos grupos que se encargan de realizar tareas de prevención y persecución de delito en sus ciudades. Más de 1.100 hombres son los que cumplen esta tarea. Además cuentan con más del cuádruple de camionetas que tiene, por ejemplo, actualmente el servicio 911 que presta servicios en nuestra provincia. En total, también las ciudades cuentan con cuatro veces más cámaras que la Unidad Regional Capital, la jurisdicción policial más importante de toda la provincia.
Propuesta
En una calurosa mañana del 28 de diciembre de 2018, los cuerpos de vigías de distintos municipios realizaron una formación en las escalinatas de la Casa de Gobierno. Ese día, el gobernador Juan Manzur anunciaba una ley con la que se crearía la Policía Municipal. La norma buscaba regularizar todo lo referido al funcionamiento de estos cuerpos. Entre otros puntos, se destacaban que sería responsabilidad del Ministerio de Seguridad la selección y formación de los aspirantes de ese cuerpo. También que se coordinarían tareas conjuntas para lograr más y mejores resultados. La Ley no se puso en vigencia porque el Poder Ejecutivo lleva más de 24 meses sin reglamentarla.
Entrenamiento
La mayoría de los integrantes de estos cuerpos fueron entrenados por policías en actividad o que están retirados. Banda de Río Salí, que tiene la fuerza más numerosa y con mayor cantidad de recursos, también se dedicó a preparar a hombres y mujeres para que realicen el mismo trabajo en otros municipios. Justamente, oficiales superiores al dejar la fuerza, fueron contratados para dirigir a los hombres que realizan la prevención del delito en las ciudades del interior de la provincia. El caso de la Municipalidad de Simoca es bastante particular. Formaron su cuerpo con los cadetes de la Policía que esperan ser nombrados en la fuerza para integrar la fuerza. En estos momentos, serían al menos unos 30 que realizan esta tarea.
Informe
“La falta de reglamentación a esta norma implica un freno antirrepublicano a la voluntad polítca de combatir contra la inseguridad expresada por esta cámara a través de una ley que regulara a los vigías ciudadanos”, argumentó la legisladora Nadima Pecci (FR) en un pedido de informe que realizó por la mora en la entrada de vigencia de esta norma. Agregó: “los municipios reclaman este paso para ayudar a combatir lo que en realidad debe hacer el PE: la inseguridad. Por ello queremos que se informe esta cámara, y a través e ella al pueblo de Tucumán, los motivos por los que no se reglamenta una herramienta fundamental en la lucha contra el delito que se está llevando la vida de los tucumanos”
La tarea
Para poder prestar servicios, cada uno de los municipios reguló a través de ordenanzas la creación de sus cuerpos de vigías. Además de la prevención del delito, les dieron otras funciones como custodiar los espacios públicos, realizar operativos de tránsito y verificar si los locales comerciales se encuentran bien habilitados. La mayoría de los municipios, para evitar problemas legales, realizan los operativos acompañados por efectivos policiales para evitar futuros problemas legales en caso de realizar una aprehensión. Fuentes del Ministerio Público Fiscal estimaron que el 50% de las aprehensiones las realizan estos equipos de trabajo.
Reacciones
El llamado “Fallo Moeykens” causó preocupación, pero la confirmación de su sentencia a través del juez de impugnación Eudoro Albo, generó críticas. “Esto deja en claro que hay un sector de los jueces que viven otra realidad paralela y totalmente diferente a la que siente el resto de la sociedad tucumana”, señaló el secretario de Seguridad de Yerba Buena, Mauricio Argiró. “Es muy grave para las instituciones. Deberían tomarse en serio lo que sienten los habitantes de esta provincia sobre la inseguridad”, agregó. Argiró sostuvo que las autoridades de su ciudad recurrirán a una respuesta política a este tema. “Tenemos que insistir con la reglamentación de una vez por todas con la ley que crea la Policía Municipal”, concluyó.